Hasta ahora podíamos tener fundadas dudas de su viabilidad. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública opera con independencia que sea consecuencia de un funcionamiento normal o anormal.
Con el nuevo anuncio del Ministerio de Sanidad (Gobierno) que pretende exigir a los turistas extranjeros un periodo de aislamiento de 15 días, todos los alquileres turísticos que no alcancen ese periodo de tiempo, reservas de hasta dos semanas, se cancelarán, con total seguridad, muy fundadamente.
Esto implica que el inmueble en cuestión no pueda volverse a alquilar ese periodo, al estar reservado por un extranjero, hasta que este no renuncie a su reserva y aparezca otro, solo nacionales, que ocupe su lugar como arrendatario.
Por eso entendemos que puede ser objeto de reclamación por parte del arrendador a la administración, por responsabilidad patrimonial, siempre que podamos acreditar las reservas y su posterior cancelación por causas imputables a la administración pública.
Con este panorama, si empiezan a movilizarse arrendadores turísticos, tanto individuales como empresariales, el gobierno no tardará en rectificar, como ha hecho en no pocas ocasiones.
